El diputado Charles Noel Mariotti sometió este martes un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y garantizar una mayor protección al ejercicio del periodismo, la crítica ciudadana y la protesta pacífica.

Durante sus declaraciones, el legislador informó que la iniciativa propone cambios a los artículos 208, 210, 215 y 310 del Código Penal, al considerar que su redacción podría limitar derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión.

Mariotti explicó que una de las modificaciones busca incorporar la libertad de expresión como un principio de interpretación restrictiva dentro del Código Penal, de manera que cualquier limitación a este derecho sea aplicada bajo criterios de proporcionalidad y respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, planteó reformular la definición del delito de difamación para exigir que el hecho atribuido sea falso e incluir una protección expresa para la crítica, el periodismo de interés público y las investigaciones realizadas de buena fe.

“Lo que buscamos es un estándar similar a lo que se define en legislaciones internacionales como real malicia y también estamos eliminando la prisión, dejando únicamente como sanción la multa”, expresó el diputado.

El congresista también propuso modificar las figuras de ultraje a la autoridad y desacato para que estas se limiten a amenazas graves, actos de intimidación, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos judiciales o legislativos, excluyendo de forma expresa la crítica, la protesta pacífica, la sátira, los memes, la opinión política y la denuncia ciudadana.

“Este código promueve una visión de tratar de que el ciudadano de bien no haga los señalamientos y las críticas que son naturales de una democracia”, sostuvo.

Además de las modificaciones al contenido del Código Penal, Mariotti depositó un segundo proyecto de ley para extender de 12 a 18 meses el período de vacatio legis, es decir, el plazo antes de que la legislación entre en vigencia. La propuesta implicaría aplazar por seis meses la aplicación del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 6 de agosto.

El legislador explicó que la iniciativa responde a las preocupaciones expresadas por representantes de la sociedad civil, gremios periodísticos, sectores académicos y otros actores que han solicitado revisar algunos aspectos de la legislación antes de su implementación.

“Quien espera lo mucho espera lo poco. Este código ha suscitado mucha preocupación en diversos sectores de la ciudadanía y no creo que deba servir como un medio de cohibir a los ciudadanos de bien más que de atacar a los que hacen lo mal hecho”, afirmó.