La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) incorporó este jueves a 70 nuevos defensores públicos con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

Los nuevos profesionales culminaron satisfactoriamente el Programa de Formación de Aspirantes a Defensores Públicos, Grupo 2025, durante un acto celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, junto a autoridades del sistema de justicia y representantes de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

Durante la ceremonia, Valentín destacó la importancia de que los nuevos defensores ejerzan sus funciones con apego a los principios éticos y al compromiso con la ciudadanía, especialmente con las personas en condiciones de vulnerabilidad.

“La ética es decirle al cliente la verdad aunque duela; es no prometer absoluciones que no dependen de ti; es llegar a tiempo, leer el expediente completo y visitar periódicamente a nuestros usuarios”, expresó el director nacional al dirigirse a los nuevos integrantes de la institución.

Con esta nueva promoción, la Defensa Pública fortalecerá de manera inmediata las oficinas judiciales con mayor carga de trabajo, entre ellas las ubicadas en Santiago, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal, con el propósito de ampliar la cobertura de asistencia legal en las jurisdicciones de mayor demanda.

La incorporación de estos 70 defensores permitirá ofrecer una representación legal más oportuna y efectiva a personas de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso de la institución con el derecho a una defensa técnica de calidad y con el fortalecimiento del sistema de justicia dominicano.

Las autoridades resaltaron que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos permanentes de la Oficina Nacional de Defensa Pública para mejorar la prestación de sus servicios y garantizar que toda persona tenga acceso a una defensa digna, eficiente y basada en los más altos estándares de ética profesional.