La audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados en el caso Onco14, vinculado al Instituto Oncológico de Santiago, fue aplazada nuevamente este martes por el tribunal, debido a la complejidad del proceso y la gran cantidad de personas involucradas entre acusados, abogados defensores y representantes del Ministerio Público.

La vista judicial se llevó a cabo en la sala del Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, espacio habilitado para acoger a todos los participantes del proceso. Con este nuevo aplazamiento, suman tres las suspensiones registradas en el caso, luego de que las audiencias pautadas para los días 17 y 19 de junio también fueran pospuestas. El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo jueves a las 4:30 de la tarde.

Durante la jornada, varios abogados defensores ofrecieron declaraciones a la prensa sobre la situación de sus representados. Ricardo Reina, abogado de Dilcia Isabel Vargas, informó que su clienta está colaborando activamente con la investigación que desarrolla el Ministerio Público y manifestó su disposición de aportar informaciones que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados. Asimismo, indicó que la defensa solicitó como medida de coerción prisión domiciliaria, en lugar de los 18 meses de prisión preventiva requeridos por el órgano acusador.

Por su parte, el abogado Pantaleón Mesa, representante legal de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, sostuvo que su defendida nunca fue empleada del Instituto Oncológico y aseguró que la fundación Tócate RD no manejaba recursos públicos, sino fondos privados destinados a labores benéficas. Además, afirmó que ya fueron depositadas ante el tribunal las pruebas que, según dijo, demuestran la inocencia de su clienta.

De igual manera, Juan Francisco Rodríguez Consoró, defensor de Héctor Antonio Lora Cruceta, argumentó que el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer es una entidad privada sin fines de lucro regida por sus propios estatutos, por lo que su representado no tuvo participación en la administración de fondos públicos.

El jurista sostuvo además que el caso Onco14 constituye una intervención indebida del Ministerio Público en un conflicto de naturaleza civil que, según indicó, ya se encuentra bajo conocimiento de la jurisdicción civil de Santiago.

Mientras tanto, los representantes del Ministerio Público evitaron ofrecer declaraciones a los medios de comunicación al concluir la audiencia, manteniendo reserva sobre los argumentos que presentarán en la próxima fase del proceso judicial.