La audiencia preliminar del denominado caso Calamar fue interrumpida la noche de este viernes luego de que el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, sufriera un desmayo mientras se desarrollaba la lectura de la calificación jurídica del expediente.
El incidente ocurrió en momentos en que la jueza Altagracia Ramírez analizaba los elementos legales del proceso que involucra a varios exfuncionarios acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa. Tras la situación de salud presentada por Caamaño Santana, el tribunal ordenó un receso para permitir la atención médica correspondiente.
La magistrada tiene a su cargo decidir si envía a juicio de fondo a los principales imputados del caso, entre ellos los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, señalados por el Ministerio Público de participar en un supuesto entramado de corrupción que habría operado durante la pasada administración gubernamental.
El caso Calamar es considerado uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en materia de presunta corrupción administrativa en los últimos años, debido a la magnitud de los recursos involucrados y al alto perfil de los acusados.
El denominado caso Calamar es uno de los procesos de presunta corrupción administrativa más relevantes que se conocen actualmente en la República Dominicana. El expediente, presentado por el Ministerio Público, sostiene que una supuesta estructura integrada por exfuncionarios y colaboradores habría gestionado pagos irregulares por miles de millones de pesos a favor de particulares, utilizando recursos del Estado para financiar compromisos políticos y otras actividades entre los años 2012 y 2020.
Entre los principales acusados figuran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como otros exfuncionarios y empresarios. El Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y otros delitos vinculados a corrupción administrativa. La defensa de los imputados ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de un proceso sin fundamentos suficientes, mientras los tribunales continúan evaluando las pruebas para determinar si el caso pasa a juicio de fondo.
