Washington, EE. UU. — En un contexto marcado por tensiones entre sectores políticos y la Iglesia, el gobierno de Estados Unidos decidió cancelar de forma abrupta un contrato de 11 millones de dólares con Caridades Católicas en Miami, destinado a la atención de menores migrantes no acompañados.
El acuerdo, que por décadas permitió brindar refugio y asistencia a niños bajo custodia federal, fue suspendido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que justificó la medida alegando una disminución significativa en la cantidad de menores migrantes en comparación con años anteriores.
La decisión generó reacciones inmediatas dentro de la Iglesia Católica. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, expresó su sorpresa y lamentó la cancelación del contrato, destacando que esta colaboración entre el gobierno y la Iglesia se había mantenido durante más de 60 años con el objetivo de proteger a niños vulnerables.
En medio del debate, Wenski también respondió a las críticas del funcionario Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, quien cuestionó la participación de la Iglesia en asuntos políticos. El arzobispo defendió el rol de los líderes religiosos, asegurando que su intervención se basa en la búsqueda del bien común y no en intereses partidistas.
Las tensiones también se enmarcan en un historial de desacuerdos entre la Iglesia y distintas administraciones estadounidenses. Wenski recordó diferencias previas con el presidente Joe Biden en temas como el aborto y la libertad religiosa.
Asimismo, al referirse a los ataques del expresidente Donald Trump hacia el Papa Papa Francisco en redes sociales, el arzobispo hizo un llamado a manejar las diferencias con prudencia y siguiendo valores cristianos.
La cancelación del contrato reabre el debate sobre el papel de las organizaciones religiosas en la gestión de programas sociales y la relación entre Iglesia y Estado, especialmente en temas sensibles como la migración y la protección de menores.
