SANTO DOMINGO.– Susana Gautreau, aseguró este lunes que el Ministerio Público (MP) necesita mejorar su credibilidad y autoridad moral para poder defender de manera efectiva la transparencia en los acuerdos penales, conocidos en el país como criterios de oportunidad. Según Gautreau, este mecanismo legal es clave para resolver casos de manera eficiente, especialmente en delitos patrimoniales como corrupción, lavado de activos y defraudación al Estado.
Gautreau explicó que para que estos acuerdos sean legítimos y aceptados por la sociedad, el MP debe robustecer su capacidad de investigación, recolección y custodia de pruebas, además de garantizar que las agencias afectadas reciban una compensación proporcional al daño económico sufrido. “Es fundamental que la sociedad entienda que el Estado actúa como interventor en nombre de la comunidad, y que la transparencia en estos procesos fortalece la justicia y la eficacia en la recuperación de bienes”, afirmó.
También la importancia de que el Ministerio Público mantenga su neutralidad frente a presiones mediáticas y que los jueces ejerzan su rol de supervisión durante las negociaciones de los acuerdos. Solo así, agregó, se puede asegurar que los mecanismos legales cumplan su propósito, permitiendo la recuperación de bienes distraídos del Estado y garantizando un equilibrio entre resarcimiento económico y sanción penal.
Gautreau subrayó que los acuerdos penales no deben percibirse como un beneficio para los imputados, sino como una herramienta para agilizar la justicia y evitar la congestión del sistema judicial. “Cuando se aplican correctamente, permiten que los delitos patrimoniales sean castigados de manera proporcional y que los recursos recuperados regresen al Estado y a las instituciones afectadas”, puntualizó.
La especialista enfatizó que la comunicación con la ciudadanía es vital para generar confianza en estos procesos. Recomienda que el MP explique con detalle los alcances de cada acuerdo, los criterios aplicados y los resultados esperados, de manera que la población pueda realizar una auditoría social y percibir la transparencia del procedimiento.
Finalmente, Gautreau destacó que la coordinación con otras entidades, como la comisión presidencial de recuperación de activos, debe ser clara y delimitada. Mientras estas comisiones buscan objetivos específicos de retribución económica, el Ministerio Público debe centrarse en la justicia penal, equilibrando el resarcimiento con la sanción, y evitando que intereses externos comprometan la legitimidad de los acuerdos.
