Alertan que proyecto de ley sobre alquileres podría ahuyentar inversión inmobiliaria en RD
Santo Domingo.– Durante las vistas públicas celebradas este jueves en la Cámara de Diputados, representantes de diversos sectores advirtieron que el proyecto de ley sobre alquileres, actualmente en estudio en el Congreso Nacional, podría desincentivar la inversión inmobiliaria en República Dominicana debido a su enfoque excesivamente restrictivo y sancionador hacia los propietarios.
Asociaciones de dueños de inmuebles, juristas, empresarios y actores del sector turístico coincidieron en que, de aprobarse tal como está redactado, la normativa provocaría que muchos inversionistas prefieran vender sus propiedades en lugar de alquilarlas, lo cual agravaría el ya preocupante déficit habitacional del país.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 51, que contempla penas de hasta cinco años de prisión para propietarios que desocupen a sus inquilinos fuera de lo establecido en la ley. También se criticaron las disposiciones que regulan de forma estricta los contratos y el manejo de los depósitos, elementos que, según los expertos, podrían fomentar la informalidad en el mercado inmobiliario.
Pablo Isidro Medina, de la Asociación de Propietarios de La Altagracia, calificó la propuesta como desequilibrada y perjudicial para los dueños de propiedades. Por su parte, Goris de León, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), señaló que para incentivar la inversión en el sector alquiler, la ley debe permitir mayor libertad de pacto entre inquilinos y propietarios, sin imponer rigideces que inhiban la dinámica del mercado.
¿Qué estipulaba la antigua ley?
La Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios vigente en la República Dominicana es la Ley No. 4314, promulgada el 22 de octubre de 1955. Esta normativa fue diseñada en un contexto de escasez habitacional posterior a la dictadura de Trujillo y buscaba proteger a los inquilinos frente a desalojos arbitrarios, estableciendo límites en los aumentos de renta y regulaciones estrictas sobre los contratos de arrendamiento. A pesar de su antigüedad, la ley ha permanecido activa debido a la falta de una reforma integral en el sector inmobiliario.
Una de las principales características de esta ley es que restringe el desalojo de inquilinos sin una causa justificada y solo permite esta acción mediante un proceso judicial. También establece controles sobre los precios de alquileres, lo que, en la práctica, ha provocado que muchos contratos se celebren de manera informal para evitar las rigideces legales. La ley creó además la Jurisdicción Inmobiliaria de Alquileres, con tribunales especializados en conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Con el paso del tiempo, la ley ha sido criticada tanto por propietarios como por juristas, quienes la consideran obsoleta e incompatible con las dinámicas actuales del mercado inmobiliario. Entre los señalamientos más comunes están su falta de incentivos para la inversión en alquiler, los procesos judiciales lentos y el fomento de la informalidad. Estas razones han motivado los intentos recientes del Congreso Nacional para reformarla, lo cual ha generado debates intensos entre sectores empresariales, sociales y políticos.
