Trump da luz verde a nuevas redadas masivas de ICE en zonas santuario.
Washington D. C. – El expresidente Donald Trump ha ordenado intensificar las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias ciudades consideradas “santuarios” para inmigrantes indocumentados, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
A través de un comunicado publicado en su red Truth Social, Trump instó a las agencias federales a ejecutar lo que califica como “el programa de deportación masiva más grande de la historia”, con el objetivo de frenar la migración irregular y “proteger los empleos y beneficios de los ciudadanos estadounidenses”.
En su declaración, Trump acusó a las ciudades santuario –en su mayoría gobernadas por demócratas– de utilizar a los inmigrantes indocumentados para ampliar su base electoral, manipular procesos electorales y aumentar el gasto en programas sociales.
Aunque en días recientes había mostrado preocupación sobre el impacto económico de estas redadas en sectores como la agricultura, restaurantes y hoteles, el mandatario reafirmó su compromiso con una política migratoria estricta, asegurando que busca una “nación segura y libre del caos migratorio que ha transformado partes del país en escenarios del tercer mundo”. La orden ha reavivado la polémica sobre el trato a los inmigrantes y las implicaciones humanitarias y económicas de dichas acciones.
Las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son operativos a gran escala realizados por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de localizar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Estas acciones suelen centrarse en ciudades con altas concentraciones de población migrante, especialmente aquellas que han adoptado políticas de protección conocidas como “ciudades santuario”, donde las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración.
Estos operativos han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que los consideran una amenaza a las libertades civiles y al bienestar de comunidades enteras. Las redadas a menudo generan miedo generalizado entre los inmigrantes, incluidos aquellos con estatus migratorio legal, y han tenido repercusiones sociales y económicas en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la construcción, donde muchos trabajadores son de origen extranjero. A pesar de la controversia, administraciones como la de Donald Trump han defendido su implementación como una medida necesaria para reforzar la seguridad nacional y aplicar las leyes migratorias del país.
