Los Ángeles, CA — El senador por California, Alex Padilla, fue retirado a la fuerza y esposado este jueves durante una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un edificio federal del oeste de Los Ángeles. El incidente, captado en video por asistentes al evento, ha generado una ola de críticas de figuras políticas y organizaciones de derechos civiles.
Padilla, el primer latino en representar a California en el Senado de EE. UU., intentó interrumpir la rueda de prensa para cuestionar directamente a Noem sobre las nuevas medidas migratorias anunciadas por el gobierno de Donald Trump.“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, se le escucha decir antes de ser empujado fuera del salón por personal de seguridad federal.
Otro video muestra al senador boca abajo en el pasillo, esposado, mientras varios agentes lo inmovilizan. Testigos afirman que permaneció retenido por varios minutos antes de ser liberado sin cargos.
A su salida, Padilla expresó irónicamente: “Habrá tiempo de sobra para responder a sus preguntas después de la conferencia de prensa”, dejando clara su inconformidad con el manejo del evento y el uso de la fuerza en su contra.
Pese al altercado, la secretaria Noem continuó con su discurso, reiterando los planes del gobierno de endurecer los controles migratorios en la región, en medio de crecientes protestas contra las políticas migratorias impulsadas por la actual administración republicana.
La reacción fue inmediata. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como “dictatorial y vergonzoso”.“Alex Padilla es una de las personas más decentes que conozco. Trump y sus tropas de choque están fuera de control. Esto debe terminar ya”, escribió en sus redes sociales.
Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, se ha destacado como uno de los defensores más visibles de los derechos de los migrantes y de las comunidades latinas en el Congreso. Su remoción forzada ha desatado un intenso debate sobre el uso del poder federal para silenciar a figuras políticas opositoras y la posible criminalización del disenso institucional.
