Santo Domingo – El abogado Miguel Valerio, defensor legal del empresario Antonio Espaillat, declaró este jueves desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que su cliente se encuentra “en buen estado y tranquilo”, a la espera de que se conozca la medida de coerción en su contra.
Valerio aseguró que en el caso no hubo intención dolosa por parte de Espaillat y criticó el enfoque de las autoridades, alegando que se ha tratado como si se tratara de un asunto de criminalidad organizada. “Esto no es un caso de crimen organizado, y ese es el error con el que se ha manejado este proceso desde el inicio”, afirmó el jurista.
Aunque no ofreció detalles sobre los cargos específicos, el abogado subrayó que confían en que se impondrá una medida proporcional y que el Ministerio Público debe actuar con objetividad. Se espera que en las próximas horas se defina la fecha exacta para la audiencia de coerción, mientras el caso sigue generando atención mediática.
Valerio también enfatizó que su defendido está colaborando plenamente con las autoridades y que ha entregado toda la documentación requerida para esclarecer los hechos. “Estamos aquí, dando la cara, con la conciencia tranquila y esperando que se respete el debido proceso”, declaró. Aseguró además que las acciones de Espaillat no constituyen un delito penal y que en ningún momento hubo intención de perjudicar a terceros ni al Estado.
El abogado calificó como “desproporcionada” la forma en que se ha tratado públicamente el caso, señalando que se ha buscado dar un matiz sensacionalista que no corresponde con la realidad. “Se está construyendo una narrativa que no se sostiene con evidencias. Nuestro cliente es un empresario conocido, con domicilio fijo y sin ningún interés en evadir la justicia”, dijo Valerio ante miembros de la prensa que se encontraban en Ciudad Nueva.
Mientras tanto, el entorno cercano a Antonio Espaillat mantiene silencio, a la espera de que se desarrolle la audiencia de medida de coerción. El Ministerio Público aún no ha emitido una declaración oficial sobre los próximos pasos del proceso judicial, aunque fuentes extraoficiales indican que la solicitud de medida podría incluir prisión preventiva, lo que sería impugnado de inmediato por la defensa legal del empresario.