SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó este jueves al empresario Antonio Espaillat López, propietario de la reconocida discoteca Jet Set, y a su hermana Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo del establecimiento, que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
Ambos enfrentan cargos por presunta negligencia criminal al no tomar las medidas necesarias para reparar el techo del local, a pesar de advertencias y señales visibles de deterioro. Según la orden de arresto, gestionada por el procurador adjunto Wilson Camacho y emitida por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, los imputados violaron el artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El documento judicial señala que los hermanos Espaillat actuaron con “una inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al ignorar las condiciones estructurales del edificio, lo que desembocó en una de las mayores tragedias en un centro de entretenimiento del país.
Además del cargo de homicidio involuntario, el Ministerio Público investiga posibles intentos de intimidación y manipulación de empleados de Inversiones E y L, S.R.L., empresa que operaba la discoteca, y que podrían fungir como testigos clave en el proceso judicial.
Los hermanos Espaillat serán presentados en las próximas horas ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional, donde se les conocerán medidas de coerción.
El colapso del techo del Jet Set Club ocurrió durante un evento multitudinario, lo que agravó el impacto de la tragedia. Testigos aseguran que no hubo evacuación oportuna ni advertencias previas, a pesar de que algunos empleados habían reportado vibraciones inusuales y filtraciones en la estructura días antes del desplome. Las autoridades forenses continúan identificando víctimas y recolectando evidencia en el lugar de los hechos.
Este caso ha generado una fuerte indignación en la opinión pública y ha puesto bajo escrutinio la supervisión de locales de entretenimiento en el país. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido una investigación a fondo y sanciones ejemplares para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse. El Ministerio Público aseguró que continuará profundizando en las responsabilidades individuales y empresariales en torno al caso.
