Imponen tres meses de prisión preventiva a policías acusados de matar a joven en Los Tres Brazos.

Un juez dictó este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos agentes de la Policía Nacional, acusados de la muerte de José Luis Pineda Pérez, ocurrida el pasado 10 de junio en el sector Canta la Rana, en Los Tres Brazos.

Los imputados son el sargento Willy Durán y el raso Elvis Leuri Espinal, quienes, según la investigación del Ministerio Público, participaron en una patrulla policial durante la cual se produjeron los disparos que le causaron la muerte a Pineda Pérez. La medida deberá ser cumplida en el centro de Operaciones Especiales.

La defensa de los agentes calificó la decisión judicial como “injusta” y anunció que apelará la medida, asegurando contar con pruebas que demuestran la inocencia de sus representados. “Estaremos utilizando los recursos que la ley nos permite, pues entendemos que no se ha valorado adecuadamente la evidencia”, señalaron.

Mientras tanto, familiares del joven fallecido exigieron que se haga justicia y que el proceso se extienda a otros dos policías presuntamente involucrados, aún no sometidos. “Mi sobrino venía de comprar un refresco cuando ellos entraron como locos tirando tiros”, denunció una tía de la víctima. Los allegados insistieron en que se esclarezca lo ocurrido y que se persiga a todos los responsables.

Penalidad para policías en casos de homicidio

En República Dominicana, cuando un miembro de la Policía Nacional es acusado de homicidio, el proceso judicial se rige por el Código Penal y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Si se demuestra que el agente actuó fuera del marco legal —es decir, sin legítima defensa o excediendo el uso proporcional de la fuerza— puede ser procesado como cualquier ciudadano por el delito de homicidio voluntario, lo cual conlleva penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

No obstante, el sometimiento a la justicia de agentes policiales ha sido históricamente un tema controversial en el país. En algunos casos, se cuestiona la objetividad de las investigaciones, la protección institucional o la presión pública en torno al proceso. Por eso, organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden para garantizar justicia y prevenir abusos.