Sosúa, Puerto Plata. – Un operativo de desalojo llevado a cabo este miércoles en la comunidad de La Unión, en el municipio de Sosúa, terminó con la detención del sacerdote Juan Luis Díaz Bonilla y varios residentes del lugar, generando fuertes críticas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Según testigos, la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y realizó disparos al aire para dispersar a los comunitarios que se oponían a abandonar los terrenos en disputa. El sacerdote, quien acompañaba a los moradores en señal de apoyo, denunció que fue agredido físicamente por los agentes. “Me empujaron, me golpearon… esto no es justo”, declaró Díaz Bonilla, visiblemente afectado tras su liberación.
El hecho ha causado indignación entre sectores sociales, defensores de derechos humanos y líderes religiosos, quienes condenan la violencia ejercida durante el desalojo. Organizaciones comunitarias han exigido una investigación inmediata y responsabilizan a las autoridades de violar los derechos de los residentes de La Unión.
Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial detallada por parte de la Policía o el Ayuntamiento de Sosúa, mientras crecen las demandas de diálogo y solución pacífica al conflicto territorial que afecta a decenas de familias en la zona.
La comunidad ha salido en defensa del padre Juan Luis Díaz Bonilla, a quien describen como un líder comprometido con las causas sociales y defensor de los más vulnerables. “El padre estaba aquí para protegernos, no para buscar problemas. Lo trataron como un delincuente”, expresó una residente afectada por el desalojo. Muchos aseguran que los terrenos han sido habitados por años y que las autoridades no ofrecieron alternativas ni mediación antes de ejecutar la acción.
Ante la creciente presión, distintos sectores de la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil han convocado movilizaciones pacíficas en respaldo a los desalojados y en demanda de justicia. Mientras tanto, el caso sigue ganando visibilidad nacional, abriendo un debate sobre la forma en que se están gestionando los conflictos de tierras en República Dominicana y el papel que juegan las autoridades en la protección o desprotección de las comunidades más empobrecidas.
