Millizen Uribe: Quiero ser muy clara: la cesantía no es un privilegio, es un derecho que protege a los trabajadores en un país donde no existe un seguro de desempleo efectivo ni una red sólida de protección social. Mientras en países como España el desempleado recibe una prestación llamada “paro” que le da un respiro económico, aquí no hay nada parecido.
Imagínense estar un día trabajando y al siguiente quedarse sin empleo ni ingresos para su familia. La cesantía es ese colchón mínimo para que el trabajador pueda buscar un nuevo empleo sin caer en la desesperación inmediata. Quitar ese derecho sería un golpe brutal para miles de dominicanos y dominicanas que dependen de ello para subsistir.
Lo bueno es que esta semana la Comisión Especial del Senado que estudia la reforma laboral decidió por unanimidad preservar ese derecho. Esa es una gran noticia que debemos celebrar, pero ojo, eso no significa que no haya otros puntos que revisar para mejorar el entorno empresarial en el país.
Aquí la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, y sabemos que emprender es difícil. Por eso, también hay que pensar en simplificar el sistema tributario, reducir la presión fiscal y buscar medidas que ayuden a que esos negocios crezcan y puedan contratar más personal y pagar mejores sueldos.
Sin embargo, ser competitivos no puede significar quitarle derechos a quienes menos tienen. No se puede construir un país justo pisoteando al trabajador. Así que celebremos la defensa de la cesantía, pero sigamos trabajando para que el desarrollo económico beneficie a todos y todas.
Además, la cesantía cumple una función social importante al mitigar el impacto económico y emocional que genera la pérdida de empleo. Sin ese respaldo, muchas familias quedarían en la incertidumbre total, sin un colchón para enfrentar gastos básicos como alimentación, vivienda, y educación. Quitar la cesantía no solo afectaría al trabajador directamente, sino también a su entorno, porque la estabilidad familiar se vería gravemente comprometida.
Por otro lado, eliminar la cesantía podría aumentar la precariedad laboral, ya que los empleadores podrían sentirse con más libertad para despedir sin consecuencias, generando un ambiente de inseguridad y miedo entre los trabajadores. Esto no solo daña la calidad de vida de las personas, sino que también afecta la productividad y el clima laboral, aspectos claves para el desarrollo económico sostenible del país.
