La organización nacionalista Antigua Orden Dominicana, presidida por Angelo Vásquez, acusó al abogado Reemberto Pichardo Juan de traición a la patria tras su rol como representante legal de 32 ciudadanos haitianos en un caso que culminó con una polémica sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo, TC006-25, ordena al Estado dominicano ejecutar decretos presidenciales que otorgan la nacionalidad dominicana a dicho grupo, en virtud de un recurso de amparo por incumplimiento interpuesto por los extranjeros.

Según la Antigua Orden, la sentencia atenta contra la soberanía nacional y viola la Constitución al reconocer derechos supuestamente vencidos desde el 2018, cuando concluyó el Plan Nacional de Regularización. La organización sostiene que Pichardo, al litigar en favor de los haitianos, actuó en contra del interés nacional, en un contexto de creciente presión migratoria que ha encendido las alarmas en distintos sectores de la sociedad dominicana.

En medio de una fuerte discusión mediática, también se ha destacado el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, quien consideró improcedente la acción al entender que los demandantes no cumplían con los requisitos ni plazos establecidos por la ley. Mientras tanto, Pichardo no ha ofrecido declaraciones públicas, aunque diversos comentaristas han cuestionado su decisión profesional, reconociendo su derecho a ejercer libremente pero criticando su impacto en la imagen y estabilidad del país.

La situación se agrava por el hecho de que la sentencia fue emitida mientras el país se encontraba sumido en el luto por la tragedia del Centro de Eventos JEC, lo que muchos interpretan como un intento deliberado de minimizar su impacto mediático.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía, enfrenta ahora la presión de cumplir con la sentencia bajo amenaza de multas diarias, lo que ha añadido tensión al debate. Al mismo tiempo, la Antigua Orden ha instado a otras instituciones patrióticas y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes ante lo que considera un asalto legal a la identidad nacional. Mientras tanto, organismos internacionales siguen de cerca el desarrollo del caso, en un contexto donde el tema migratorio sigue marcando profundamente la agenda política y social de la República Dominicana.