Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, al menos nueve migrantes han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó este miércoles el director interino de la agencia, Tod Leons, ante la comisión de presupuestos de la Cámara de Representantes.
Leons aseguró que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades profesionales y la implicación de las autoridades locales en cada caso. “ICE se compromete con la transparencia”, afirmó el funcionario.
El regreso de Trump a la Casa Blanca vino acompañado de una política migratoria más agresiva. El mandatario republicano ha prometido expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, a quienes califica como una amenaza para la seguridad nacional. Aunque el gobierno insiste en que sus operaciones se enfocan en criminales, pandilleros y narcotraficantes, organizaciones defensoras de los derechos humanos y abogados denuncian arrestos arbitrarios basados incluso en simples tatuajes.
Durante la sesión legislativa, congresistas demócratas cuestionaron la prioridad de ICE en sus operativos, acusando a la agencia de enfocarse en personas sin antecedentes penales, incluidos estudiantes con residencia legal o visas válidas.
Además, se criticó el uso de empresas privadas en la detención de migrantes y en la prestación de servicios como transporte, atención médica y alimentación, un modelo que ha sido duramente cuestionado por sus altos costos y las precarias condiciones de detención.
Los legisladores también cuestionaron el papel de la secretaria Christi Noem, enviada por el gobierno a supervisar operativos en distintas partes del país. Según denunciaron, su presencia ha sido utilizada para realizar montajes mediáticos que se difunden en redes sociales mientras las operaciones aún están en curso, poniendo en riesgo a los agentes en el terreno.
Por su parte, organizaciones proinmigrantes han denunciado que las muertes bajo custodia evidencian fallas estructurales en el sistema de detención migratoria, incluyendo negligencia médica, hacinamiento y maltrato. Exigen una reforma profunda del sistema y mayor supervisión sobre los contratos millonarios con empresas privadas que, aseguran, priorizan sus beneficios económicos por encima de los derechos humanos.
