El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, expresó su respaldo a la regularización de trabajadores extranjeros en el país, siempre que esto se haga en función de las necesidades nacionales. “Estamos de acuerdo con lo que el país necesite, en función de lo que el país necesite. Lo que no podemos tener aquí es una cantidad de personas que vienen a buscar solución cuando aquí no hay solución en el país para esa persona”, afirmó Del Río.
En otro orden, el dirigente sindical criticó que algunas instituciones, como el Congreso Nacional, mantengan a sus miembros fuera del régimen general de la seguridad social, utilizando métodos especiales para fines de pensiones. Del Río advirtió que este tipo de excepciones debilitan el sistema, afectando la sostenibilidad de un beneficio que llega de manera muy limitada a la mayoría de los trabajadores dominicanos.
El líder sindical hizo un llamado a revisar estas prácticas y fortalecer un sistema de pensiones más justo y equitativo para todos los sectores laborales del país.
Del Río insistió en que la regularización de trabajadores extranjeros debe ser parte de una política laboral bien estructurada, que contemple tanto los derechos humanos como las necesidades económicas del país. Señaló que muchos extranjeros realizan trabajos que los dominicanos no están ocupando, por lo que urge establecer un marco legal que garantice su integración laboral sin afectar el empleo local.
Asimismo, llamó al Estado a poner orden en el mercado laboral informal, donde muchos migrantes terminan explotados, sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales dignas. A su juicio, la ausencia de controles adecuados no solo perjudica a los trabajadores, sino que también impacta negativamente a la economía y debilita el sistema de protección social.
En cuanto a los privilegios de ciertos sectores, Del Río cuestionó duramente que legisladores y otras figuras públicas cuenten con sistemas de pensiones especiales mientras la mayoría de los trabajadores apenas recibe beneficios mínimos. “Eso crea desigualdad e injusticia. Todos debemos estar en el mismo sistema para que funcione y sea sostenible”, concluyó.
