El Ministerio Público recusó a la jueza interina Catherine Rubio, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, por supuesta parcialidad a favor de los condenados en el sonado caso de fraude al Banco Peravia, que dejó millones en pérdidas y provocó la quiebra de la entidad financiera.
Según la acusación de la Fiscalía, la jueza Rubio habría emitido un auto fechado el 16 de mayo, antes de la audiencia del jueves 22, en el que favorecía a los condenados reduciendo las multas impuestas en distintas instancias. Los fiscales aseguran que esta acción pone en duda la imparcialidad de la magistrada y compromete la transparencia del proceso judicial.
Entre los condenados beneficiados figuran Nelson Cret Sugráñez y Yesenia Serret Aponte, quienes fueron apresados por la Unidad de Captura de Prófugos y Reclamados del Ministerio Público el pasado jueves 25 de mayo, luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara su condena a 7 años de prisión y una multa de 2 millones de pesos.
También fueron detenidos, aunque luego puestos en libertad por decisión de la jueza Rubio, Jorge Cerret Sugráñez y Carlos Alberto Cerret, ambos condenados a 3 años de prisión y al pago de una multa de 1 millón de pesos. Esta acción de liberación, sumada a la reducción de sanciones, intensificó las sospechas del Ministerio Público sobre un posible sesgo judicial.
Ahora corresponderá a la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidir si aparta o no a la jueza Catherine Rubio del caso, mientras crece la presión para que se garantice un proceso justo y apegado a la legalidad en uno de los fraudes financieros más graves del país.
El caso del Banco Peravia ha sido emblemático en el país por la magnitud del fraude y la cantidad de víctimas afectadas. Miles de ahorrantes perdieron su dinero tras el colapso de la entidad financiera, lo que generó un fuerte reclamo social por justicia y castigo ejemplar a los responsables. Por ello, cualquier señal de favoritismo judicial genera preocupación y levanta cuestionamientos sobre la confianza en el sistema judicial.
Diversos sectores han exigido que se investigue a fondo la actuación de la jueza Rubio y se garantice la transparencia en el proceso. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que decisiones como la reducción de multas o liberación anticipada de condenados podrían sentar un precedente peligroso en casos de corrupción financiera, debilitando los esfuerzos por combatir la impunidad en el país.
