La República Dominicana se encuentra en medio de un intenso debate nacional tras la introducción en el Senado del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Aunque el gobierno lo presenta como una modernización del marco legal vigente desde 1962, críticos lo califican como una “ley mordaza” que podría restringir la libertad de prensa y expresión en el entorno digital.
¿Qué propone la ley?
El proyecto, remitido por el presidente Luis Abinader el 2 de mayo, busca regular la libertad de expresión en todas sus formas: prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales. Entre sus principales disposiciones se encuentran:
• Creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM): un órgano regulador con independencia administrativa y presupuestaria, encargado de supervisar los contenidos en medios digitales y tradicionales.
• Despenalización de la difamación e injuria: se elimina la prisión como sanción para estos delitos, apostando por mecanismos civiles en lugar de penales.  • Protección de la privacidad y dignidad: especialmente en relación con menores de edad, estableciendo restricciones sobre contenidos que puedan vulnerar estos derechos. • Prohibición de censura previa: aunque se enfatiza la responsabilidad ulterior por las expresiones emitidas.
El gobierno sostiene que la propuesta fue elaborada con la participación de diversos sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), juristas y representantes de la sociedad civil, y que se alinea con estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información.
Reacciones y protestas
A pesar de las afirmaciones gubernamentales, la propuesta ha generado una ola de protestas y críticas. El 13 de mayo, decenas de periodistas y ciudadanos marcharon en Santo Domingo, denunciando que la ley podría abrir la puerta a la censura gubernamental y limitar el acceso a la información pública. Durante la manifestación, se entregó un manifiesto en el Palacio Nacional exigiendo garantías para la libertad de prensa y el cese de represalias contra periodistas. 
Organizaciones como la Fundación de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES) han advertido que el proyecto podría afectar negativamente a los medios digitales y a los creadores de contenido, al establecer sanciones sin criterios ni definiciones claras.
El excandidato presidencial Abel Martínez también ha expresado su preocupación, calificando la propuesta como una “ley mordaza” que podría coartar la libertad de expresión en el país.
Posición del gobierno
El presidente Abinader ha intentado distanciarse de las críticas, afirmando que no participó directamente en la redacción del proyecto. Sin embargo, la remisión del mismo al Congreso por parte del Poder Ejecutivo ha generado cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del gobierno con la libertad de expresión.
El Senado ha conformado una Comisión Especial para analizar y estudiar el proyecto de ley, prometiendo escuchar a todos los sectores interesados antes de tomar una decisión final.
La discusión sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales refleja las tensiones existentes en la República Dominicana entre la necesidad de actualizar el marco legal para adaptarse a la era digital y la protección de los derechos fundamentales. Mientras el gobierno insiste en que la propuesta busca fortalecer la democracia, numerosos sectores de la sociedad temen que se convierta en una herramienta de censura y control. El debate continúa, y el resultado tendrá implicaciones significativas para la libertad de expresión en el país.
