El comunicador Cristian Cabrera lanzó este jueves una fuerte advertencia en torno a lo que calificó como un intento sistemático por “desmoronar” las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) con el objetivo de venderlas “a precio de vaca muerta”.
Durante su intervención en un programa de opinión, Cabrera mostró en pantalla intimaciones legales presentadas por contratistas que ofrecen servicios a las EDES y que, según dijo, han sido “puestos a dar vueltas” en reuniones y compromisos incumplidos. “Les dicen ‘te vamos a pagar’, ‘vamos a cumplir’, pero no ejercen la cláusula correspondiente. Esto está provocando una paralización operativa intencional”, expresó.
El comunicador advirtió que la falta de pago a los contratistas podría llevar a la quiebra de estos suplidores o provocar la suspensión de servicios esenciales a la ciudadanía, generando presión social que abriría las puertas a una privatización forzada de las distribuidoras. “Si tú no me pagas, yo no puedo brindarte un servicio. Y eso termina forzando huelgas o interrupciones eléctricas que afectan a todos”, sentenció.
Cabrera denunció que detrás de esta crisis inducida hay sectores interesados en apropiarse de las EDES mediante una estrategia de desgaste institucional. Según su análisis, se busca demostrar una aparente incapacidad pública para justificar la entrega del control a actores privados en condiciones desfavorables para el Estado.
El sector eléctrico en la República Dominicana ha sido históricamente uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social del país. A pesar de importantes inversiones en generación y distribución de energía, persisten problemas estructurales como las pérdidas técnicas y no técnicas, los apagones programados, el déficit financiero y la falta de cumplimiento de contratos entre las distribuidoras y sus contratistas.
A esto se suma la presión de mantener una infraestructura eléctrica eficiente en un contexto de creciente demanda energética. La falta de actualización en los pagos a contratistas, sumado al incumplimiento de cláusulas como el ajuste por inflación, ha llevado a una situación crítica que podría impactar directamente en la calidad del servicio. Para muchos analistas, el problema no radica en las empresas que ejecutan los proyectos, sino en la administración y transparencia del sistema. Una solución sostenible requiere voluntad política, respeto a los contratos firmados y una visión a largo plazo que priorice el beneficio de los ciudadanos sobre intereses particulares.
