SANTO DOMINGO. – Legisladores y representantes de la sociedad civil expresaron su respaldo al proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento, que busca sustituir la antigua Ley 61-32 para adaptarla a los nuevos tiempos y a las tecnologías actuales.

Durante la presentación del informe especial Intimidad, a cargo de Samuel Osman, la diputada Ginette Bournigal afirmó que el respeto debe ser el pilar fundamental en cualquier manifestación de opinión. “Estamos abiertos a recibir a todo el que tenga interés en asistir al Congreso a opinar, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero hay que respetar la integridad de la persona. Tú no puedes jugar con una ofensa personal o con una especulación que luego se multiplica sin fundamento”, expresó.

Bournigal, junto al legislador Moisés Ayala, destacó que esta nueva legislación es una “necesidad urgente” en el país y que se procurará construir el mayor consenso posible para su aprobación.

El proyecto propone, entre otras medidas, la creación del Instituto Nacional de Comunicación, un órgano que tendría facultades para regular el contenido informativo y sancionar a los medios de comunicación. Esta figura ha generado fuertes críticas, especialmente por parte del presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal, quien la considera una amenaza directa a la libertad de prensa.

“Ese órgano regulador tendría poder para cerrar medios por hasta 90 días sin necesidad de una orden judicial. Es un atentado a la empresa periodística. Lo sacan del aire, lo desconectan de su audiencia sin garantías procesales”, advirtió Vidal.

No obstante, organizaciones como Participación Ciudadana han valorado positivamente algunos puntos del proyecto, como la prohibición del uso de la publicidad estatal para manipular la línea editorial de los medios y la promoción del principio de tolerancia ante la crítica de funcionarios públicos.

El debate continúa abierto en el Congreso, mientras sectores de la sociedad dominicana evalúan los alcances y riesgos de una legislación que promete redefinir el ejercicio del derecho a la libre expresión en el país.