El senador por Santiago Rodríguez y líder del sector transporte, Antonio Marte, aclaró este jueves durante una llamada telefónica al programa “El Rumbo de la Mañana” que no se trató de una huelga, sino de un paro parcial de labores convocado ante la situación crítica que atraviesa el transporte público en el país. Marte explicó que el llamado fue dirigido a los chóferes que no tenían acceso a combustible, y que aquellos que sí lo tenían podían continuar trabajando. Según el legislador, el paro afectó a miles de pasajeros, pero tuvo como objetivo llamar la atención del Gobierno sobre el alto costo del peaje en la autopista Duarte, el retiro de subsidios y la eliminación de la tarjeta Bonogas.
Durante la entrevista, el senador Marte también confirmó que se abrieron canales de diálogo con las autoridades gubernamentales y que algunos puntos de conflicto, como el subsidio al gasoil, ya fueron resueltos de forma provisional. Marte recordó que en 2012 se acordó un aumento de dos pesos al galón de combustible en lugar de subir los peajes, y ahora cuestiona la duplicación de estas tarifas sin consultar al sector. “No somos enemigos del Gobierno ni del país, pero debemos defender a los más pobres que no pueden pagar un aumento de pasaje”, señaló. Además, reafirmó que no busca la confrontación, y que su rol como senador y dirigente sindical le exige representar los intereses del pueblo. Finalmente, confirmó que la protesta fue desconvocada oficialmente.
PEAJE EN RD
En la República Dominicana, los peajes representan un costo significativo para los conductores, especialmente en las principales autopistas del país, como la Autopista Duarte, Las Américas y el Coral. En los últimos años, se han producido aumentos progresivos en las tarifas, lo que ha generado preocupación tanto en los usuarios particulares como en los transportistas. Por ejemplo, un conductor que transita diariamente desde Villa Altagracia hasta el kilómetro 9 de Santo Domingo puede llegar a pagar hasta 800 pesos en peajes por día, una cifra considerada excesiva por muchos sectores. Esta situación ha alimentado reclamos para una revisión del sistema y una mayor equidad en las tarifas.
El Gobierno ha defendido los aumentos como parte de los compromisos contractuales con empresas concesionarias y como un medio para mantener la infraestructura vial. Sin embargo, diversos sectores, incluyendo sindicatos del transporte y líderes comunitarios, han solicitado una revisión integral del modelo, así como la implementación de subsidios o mecanismos de compensación para los trabajadores del volante. Además, se cuestiona la transparencia del uso de los fondos recaudados y se pide un balance entre el desarrollo de carreteras y el impacto económico en los ciudadanos.
