Washington, D. C. — Funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos celebraron recientemente la deportación de ocho migrantes, a quienes calificaron como “lo peor de lo peor”, en un vuelo vinculado a Sudán del Sur. Sin embargo, estas acciones han generado críticas y denuncias legales, luego de que un juez emitiera una orden que exigía que los migrantes tuvieran tiempo para defenderse antes de ser deportados a un tercer país, tras deportaciones anteriores de venezolanos a El Salvador.
Entre los ocho deportados, cuyo paradero oficial el gobierno no ha confirmado por razones de seguridad, hay un mexicano sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, y dos cubanos, José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro, con antecedentes delictivos comprobados. El juez que dictó la orden condenó al gobierno por violar claramente la decisión judicial y calificó las acciones como un desacato. El abogado Joseph Maluf subrayó que la ley exige un trato humano para los detenidos, algo que no se estaría respetando, pues los deportados no tienen acceso a audiencias, representación legal ni contacto con sus familiares, lo que va en contra del sistema legal estadounidense.
La administración Trump, según expertos y activistas, estaría usando estas deportaciones para sembrar miedo entre los migrantes y disuadir nuevas llegadas al país. Uno de los deportados, Eduardo, expresó su desesperación: “He pensado mucho en autodeportarme, prefiero estar en mi país, aunque esté mal, a estar en una cárcel en otro lugar”. Por su parte, el jefe de la policía de Sudán del Sur negó haber recibido cualquier vuelo con migrantes deportados y aseguró que, de hacerlo, ellos serían devueltos a sus países de origen.
Las deportaciones en Estados Unidos han sido un tema de gran controversia en los últimos años, especialmente bajo políticas migratorias más estrictas que han buscado reducir la llegada y permanencia de migrantes indocumentados. Estas medidas han incluido la aceleración de procesos de expulsión y el traslado de personas a terceros países, a menudo sin garantizar el debido proceso o la protección legal adecuada para los afectados. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han denunciado que muchas deportaciones se realizan sin considerar el contexto humanitario ni el derecho de los migrantes a defenderse ante las autoridades.
Además, la situación de los deportados es preocupante, ya que en muchos casos son enviados a lugares donde enfrentan condiciones precarias y falta de acceso a servicios básicos o apoyo legal. Esta realidad ha generado críticas por parte de abogados y activistas, quienes insisten en la necesidad de garantizar un trato digno y humano, así como procesos transparentes que respeten los derechos fundamentales de las personas migrantes. En algunos casos, la deportación a terceros países ha sido señalada como una violación directa de órdenes judiciales y normativas internacionales, agravando aún más la crisis migratoria y humanitaria.
