El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega declaró este miércoles la extinción penal del proceso judicial seguido contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Micky López”, acusado de presunto lavado de activos.

La decisión fue tomada tras considerar que se había excedido el plazo máximo legal de duración del proceso, fijado en cuatro años, sin que los aplazamientos fueran atribuibles a la defensa. Según explicó el abogado defensor, Luis Félix, en una entrevista telefónica, el tribunal concluyó que el retraso fue responsabilidad del Ministerio Público, por acciones como recusaciones de jueces, solicitudes de prórrogas e incluso inhibiciones durante el proceso.

“La realidad es que esta fue una solicitud que se planteó desde el 10 de febrero en audiencia pública y que el tribunal, tras analizar los registros, concluyó que el proceso llegó a casi cinco años sin que existieran aplazamientos imputables a los imputados”, aseguró Félix. Añadió que no hay constancia de que el proceso se haya detenido por ausencias o solicitudes de la defensa.

La fiscal titular de La Vega, Auraluz García, reaccionó con críticas a la decisión y anunció que presentará una apelación de inmediato. “Es una crónica de una muerte anunciada”, expresó, refiriéndose al vencimiento del plazo procesal. También cuestionó la coherencia de la sentencia, al compararla con el caso de Rosa Amalia Pilarte, esposa de López, quien fue condenada a cinco años por un proceso vinculado.

Ante esto, Luis Félix respondió que ambos casos tienen naturalezas procesales distintas: “La acusación contra la señora Pilarte fue conocida por una vía diferente, con un ritmo procesal más ágil y no puede compararse con el proceso de Micky López, en el cual no se ha entrado al fondo”.

El abogado también negó que la inhibición de juezas dificultara el proceso. “Fueron los fiscales quienes recusaron jueces y hasta se inhibieron en audiencias claves”, explicó. Añadió que las magistradas que tomaron la decisión son las mismas que anteriormente han dictado duras sentencias en otros casos destacados de La Vega, como se puede verificar en las propias publicaciones oficiales del Ministerio Público en redes sociales.

La defensa insistió en que la decisión fue tomada en una audiencia pública, oral y contradictoria, y que está plenamente sustentada en los hechos y en la ley. “Ahora corresponde al Ministerio Público demostrar en el tribunal de alzada que la extinción no procede, lo cual será difícil porque la verdad jurídica nos respalda”, concluyó.