La historia de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos y actualmente recluido en la megacárcel CECOT en El Salvador, se ha convertido en un caso de alto perfil internacional. Pese a una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige su regreso, tanto el expresidente Donald Trump como el presidente salvadoreño Nayib Bukele se niegan a liberarlo.
Abrego, de 29 años, vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos. Ingresó de forma irregular a EE. UU. en 2011 huyendo de amenazas de muerte por parte de pandillas salvadoreñas. Aunque fue acusado en 2019 de pertenecer a la Mara Salvatrucha, un juez federal desestimó las pruebas y le otorgó protección contra la deportación. Sin embargo, el 15 de marzo, fue expulsado en un vuelo con más de 250 migrantes hacia El Salvador, como parte de un acuerdo entre ambas naciones por el cual Estados Unidos paga 6 millones de dólares anuales para que ese país reciba y confine a los deportados en el CECOT, un penal de máxima seguridad con capacidad para 40,000 reclusos.
Tras conocerse que la deportación fue producto de un error administrativo, el Tribunal Supremo estadounidense ordenó el 10 de abril su repatriación inmediata. Pero la administración Trump, que ha retomado control interino del Ejecutivo tras los recientes comicios disputados, ha ignorado la orden judicial. La Casa Blanca sostiene que ya no tiene jurisdicción, responsabilizando a las autoridades salvadoreñas.
Durante una visita oficial a Washington el pasado 14 de abril, el presidente Nayib Bukele respondió a la prensa sobre el caso con una declaración polémica:
“No nos gusta liberar terroristas. Acabamos de convertir la capital mundial del crimen en el país más seguro del hemisferio occidental, ¿y quieren que retrocedamos?“
A pesar de que no existen pruebas de que Abrego haya cometido delitos, Bukele lo mantiene confinado junto a miles de pandilleros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio del cruce de acusaciones entre Washington y San Salvador, Kilmar Abrego permanece atrapado en un limbo legal, aislado de su familia y sin una fecha clara de liberación.
