Vicentillo, El Seibo. Un presunto conflicto de tierras terminó en una grave denuncia de secuestro y agresión por parte de Jeremías Rivera, quien aseguró haber sido interceptado, golpeado y retenido en contra de su voluntad por varios individuos que lo acusan de ocupar terrenos ajenos en la comunidad de Vicentillo.

Rivera, quien afirmó ser propietario legítimo de una parcela en la zona de Loma Larga desde hace más de 15 años, denunció que sus agresores intentan despojarlo del terreno, alegando una supuesta venta ilegal. “Esa tierra es mía desde hace años, está limpia, tiene agua y luz. Ahora vienen a decir que la compraron, cuando el IAD no permite ventas. Pido al presidente que investigue lo que está pasando en el IAD”, expresó.

Acompañado por el vicepresidente de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, Rivera interpuso una denuncia formal. Ureña denunció que el hecho constituye una violación a los derechos fundamentales del denunciante, y calificó el caso como un intento de homicidio por razones de despojo. “Nuestro compañero fue raptado, golpeado, y su vida estuvo en peligro”, expresó junto a otros dirigentes de la institución.

Acusados presentan su versión

Sin embargo, los acusados desmintieron la versión de Rivera y presentaron sus títulos de propiedad como prueba de que las tierras les pertenecen legalmente. Alegaron que el denunciante fue sorprendido robando cacao en su finca y que fue retenido solo para ser entregado a las autoridades.

“Lo encontramos robando cacao. Cuando lo enfrenté, salió corriendo, se cayó y se aruñó con un alambre. No fue golpeado ni macheteado como dice. Solo lo entregamos a la policía, a ‘La Bala’, como se le conoce al agente”, explicaron.

Además, aseguran que esta no es la primera vez que Rivera ha sido sorprendido en esas tierras, y que incluso habría cortado alambres para ingresar a las parcelas vecinas. “Dice que tiene 115 tareas, pero se mete en todas las demás. Ya lo hemos encontrado varias veces”, señalaron.

El conflicto ahora está en manos de las autoridades, mientras ambos lados se mantienen firmes en sus versiones. Se espera que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otras instancias investiguen a fondo la legalidad de los títulos y la veracidad de las denuncias.