La República Dominicana ha incrementado significativamente sus operativos de deportación de inmigrantes indocumentados, con un enfoque particular en ciudadanos haitianos. En el primer trimestre de 2025, las autoridades deportaron a 86,406 haitianos sin documentación legal. Sin embargo, las deportaciones ha generado preocupación debido a informes de detenciones erróneas de dominicanos de piel oscura, quienes son confundidos con haitianos durante estos operativos
Un caso destacado es el de Odalis Castro, un ciudadano dominicano residente y nativo de San Juan, detenido por agentes de migración al ser confundido con un nacional haitiano debido al color de su piel. Su esposa, Yesenia, explicó que su esposo no portaba su cédula de identidad en el momento de la detención porque estaba en proceso de obtenerla, dado que proviene de una familia numerosa con procedimientos de declaración tardía. A pesar de ser dominicano de nacimiento, fue detenido y según su esposa, su marido, le informó que posiblemente sería deportado a Haití.
Este no es un incidente aislado. Organizaciones de derechos humanos han señalado que las detenciones de dominicanos de ascendencia haitiana o de piel oscura son frecuentes durante los operativos migratorios. Estas acciones han sido calificadas como discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.
La Dirección General de Migración ha defendido sus procedimientos, indicando que los operativos se llevan a cabo respetando los derechos humanos y que se realizan verificaciones para determinar la nacionalidad de las personas detenidas. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias y deportaciones erróneas han generado llamados a revisar y mejorar los protocolos de identificación para evitar injusticias.
Mientras tanto, las autoridades dominicanas continúan con su política de deportaciones masivas, argumentando la necesidad de controlar la migración irregular y proteger los intereses nacionales. No obstante, es imperativo que se establezcan mecanismos efectivos para asegurar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y que no se repitan casos de detenciones y deportaciones injustas.
