Santo Domingo, 14 de marzo de 2025 – La tensión en el Congreso Nacional crece en torno a la aprobación del nuevo Código Penal, mientras el país observa de cerca las declaraciones de los legisladores y los grupos sociales involucrados en el debate. La incertidumbre aumenta cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hace un llamado a respetar los criterios individuales de los legisladores, sugiriendo que las presiones externas, tanto internas como internacionales, siguen influyendo en el proceso.

A lo largo de la semana, se ha intensificado el enfrentamiento entre los grupos que defienden el derecho al aborto, representados por los “pañuelos verdes“, y los opositores, los “pañuelos azules“, que defienden una postura conservadora. El Congreso se encuentra dividido, y a pesar de los esfuerzos por encontrar consensos, aún persiste una gran incertidumbre sobre el futuro de las tres causales del aborto dentro del Código Penal.

“Estamos más cerca de no aprobarlo“, afirmó un analista político que sigue de cerca el tema, en referencia a las discusiones que han tenido lugar en las últimas semanas. Las presiones de sectores como la Iglesia Católica y organizaciones internacionales, que abogan por la inclusión de las tres causales en la legislación, contrastan con la posición de aquellos que defienden una ley más conservadora.

Mientras tanto, Pacheco reiteró su compromiso con un proceso legislativo que respete todas las posturas y subrayó la importancia de una ley de Código Penal moderna y ajustada a los tiempos. Sin embargo, las dudas persisten: ¿podrán los legisladores superar las presiones externas y lograr un acuerdo que sea aceptable para todos los sectores?

Con la promesa de presentar nuevos proyectos que incluyan las tres causales, el escenario sigue siendo incierto. Si bien la postura de algunos diputados como Gustavo Sánchez, quien ha defendido públicamente su apoyo a las causales, parece abrir una puerta al diálogo, muchos temen que las divisiones internas dentro del Congreso y las presiones externas sigan siendo obstáculos imposibles de superar.

El futuro del Código Penal dominicano depende ahora de la capacidad de los políticos para balancear las presiones sociales y políticas sin ceder a la coerción de ningún grupo, mientras el país espera con ansiedad la resolución de este tema clave.