Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), negó las declaraciones de la abogada de Gonzalo Castillo, quien pidió la extinción del expediente contra su cliente alegando que fue presentado fuera de plazo. Ortiz afirmó que la acusación fue entregada a tiempo y calificó la postura de la defensora, Laura Acosta, como un intento de evadir el proceso judicial contra el exministro de Obras Públicas. Según Ortiz, el tribunal fue debidamente apoderado del caso tras la recepción y sellado del documento.
En respuesta, Acosta sostuvo que el Ministerio Público mintió sobre la fecha de entrega y solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que declarara inadmisible el expediente. También pidió que se llamara a declarar a quienes recibieron y certificaron el documento.
Mientras tanto, el juicio preliminar del caso “Calamar” fue aplazado por novena ocasión y se reanudará el 11 de abril, cuando la jueza deberá pronunciarse sobre la solicitud de la defensa. En el proceso están implicadas 46 personas, acusadas de un desfalco superior a los 21 mil millones de pesos.
