El desafío del sector eléctrico en la República Dominicana es una cuestión urgente que requiere de una intervención inmediata y significativa. La propuesta clave es aumentar la inversión en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) a al menos 350 millones de dólares anuales, lo que implicaría una inyección de 150 millones adicionales por año, sumando 600 millones para el período 2025-2028. Este aumento de inversión podría generar un retorno gigantesco y evitar un posible desastre económico y social.
Las transferencias del gobierno a las EDEs, aunque elevadas, no son suficientes para cubrir las crecientes necesidades del sector. En 2024, estas transferencias alcanzarán casi los 1,800 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1.4% del PIB del país. Sin embargo, estas ayudas no han logrado reducir las pérdidas de las EDEs, que actualmente rondan el 40.2%, lo que incluye pérdidas por cobros no realizados, fraudes, robos y fallas técnicas. A pesar de las enormes sumas transferidas, las pérdidas han aumentado desde el 29.2% en 2020, cuando el índice de recuperación de energía alcanzaba su punto más alto del 70.8%.
Varios factores explican este deterioro, como el impacto de la pandemia de COVID-19, el aumento de los precios internacionales y las dificultades en la cobranza debido a la decisión de abastecer a todos los consumidores, incluso aquellos que no pagaban sus facturas o cometían fraudes. Aunque esta decisión fue comprensible durante la crisis sanitaria, su permanencia ha generado una sobredemanda y un incremento de las pérdidas energéticas.
El cambio de gobierno en 2020 también tuvo un impacto negativo, con una caída en la inversión de las EDEs. Si bien la transición política puede haber causado una reducción temporal en las inversiones, la falta de un impulso para recuperarlas ha tenido efectos devastadores. La inversión pasó de 314 millones de dólares en 2020 a solo 92.9 millones en 2021. Esto contribuyó directamente al deterioro de las redes de distribución, aumentando las pérdidas de energía y dificultando el combate al fraude.
A pesar de la ayuda económica a las EDEs, la falta de inversión ha puesto en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, con la posibilidad de que las pérdidas se incrementen aún más para 2028, incluso con subsidios que sumarán 12,000 millones de dólares entre 2021 y 2028. El gobierno ha descartado opciones como el racionamiento, el aumento de tarifas y la colaboración del sector privado, a pesar de los ejemplos exitosos de gestión privada en el sector eléctrico.
En este contexto, la única opción viable para evitar una crisis aún mayor es aumentar la inversión. Se requieren 150 millones de dólares adicionales anuales para mejorar la infraestructura y reducir las pérdidas. Este aumento en la inversión no es un gasto inalcanzable, ya que la deuda pública del país crece en promedio 4,000 millones de dólares anuales. Un aumento de 150 millones podría ser una inversión rentable para evitar un desastre en el sector eléctrico y asegurar el bienestar de la población.
En resumen, el aumento de la inversión en las EDEs es crucial para evitar que el sector eléctrico siga empeorando. Si no se actúa con rapidez, el país podría enfrentar graves consecuencias en el futuro cercano, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios y de la importante cantidad de dinero ya invertida en el sistema. Solo mediante una inversión continua y estratégica se podrá lograr una solución sostenible y honrosa para la crisis energética.
