Más de 230 salvadoreños vinculados a pandillas fueron expulsados de Estados Unidos y recibidos en El Salvador en una operación coordinada entre ambos gobiernos. Según el gobierno salvadoreño, fueron 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, quienes fueron trasladados de inmediato al Centro de Reclusión para Terroristas (SECOT) bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

El traslado a la megacárcel, considerada la más grande del continente, se realizó con medidas de seguridad reforzadas. Durante el proceso, los detenidos fueron sometidos a un procedimiento de identificación y, en algunos casos, les recortaron el cabello, como parte de las medidas de control. La deportación fue resultado de una propuesta realizada por Bukele durante su reunión con el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Centroamérica, el pasado mes de febrero.

En su cuenta de X, el presidente Bukele destacó que los miembros de la pandilla serían retenidos en el centro de reclusión por un año, con posibilidad de renovación. Rubio, a su vez, expresó que este acuerdo beneficiará a ambos países, mencionando que el gobierno estadounidense pagará una tarifa baja por el traslado, mientras que El Salvador obtendrá una tarifa más alta por mantener a los reos.

Las autoridades salvadoreñas también confirmaron el envío de 23 miembros de la temida MS13, quienes estaban recluidos en cárceles estadounidenses. Esta medida forma parte de los esfuerzos de El Salvador para combatir el crimen organizado en el país, mientras que algunos expertos en migración ven este acuerdo como una oportunidad para regularizar a migrantes salvadoreños en EE.UU., particularmente a aquellos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El centro de reclusión tiene capacidad para albergar hasta 40,000 reos, y actualmente cuenta con aproximadamente 15,000 internos, con la intención de contener a los miembros de pandillas de manera más eficiente. Sin embargo, las reacciones al acuerdo no se hicieron esperar, y el gobierno de Venezuela emitió un comunicado rechazando estas acciones, calificándolas de injustas y acusando a Estados Unidos de criminalizar a los migrantes venezolanos.

El acuerdo entre ambos gobiernos continúa siendo un tema polémico, especialmente entre quienes abogan por una mejor protección de los derechos de los migrantes.