En un nuevo giro del caso relacionado con la desaparición de la joven Sudiksha Konanki, los abogados de Joshua han interpuesto un recurso de habeas corpus con el objetivo de evitar su detención. Este lunes, Joshua enfrenta su tercer interrogatorio, luego de haber sido cuestionado en dos ocasiones previas por la Procuraduría General de la República.

El recurso legal ha sido presentado bajo el argumento de que Joshua ha permanecido bajo custodia sin una orden formal de arresto, lo que, según sus abogados, representa una vulneración a sus derechos fundamentales. De acuerdo con declaraciones del jurista Félix Portes, este habeas corpus podría acelerar la emisión de una orden de arresto formal por parte del Ministerio Público, en caso de que aún no haya sido solicitada.

Interpol emite alerta amarilla

El caso ha cobrado mayor relevancia luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una alerta amarilla sobre la joven Conan Sud Dicha, tras detectarse incoherencias en las declaraciones de Joshua. La alerta amarilla se utiliza para localizar a personas desaparecidas, especialmente cuando su paradero es incierto y existen indicios de que podrían estar en peligro.

La Procuraduría ha manejado el caso con gran reserva, permitiendo que Joshua permanezca bajo “custodia” en un hotel mientras avanza la investigación. Sin embargo, la presentación del habeas corpus ha generado dudas sobre la legalidad de esta medida. Expertos legales han señalado que, de no existir una orden de arresto válida, el Ministerio Público podría verse obligado a concederle la libertad inmediata.

Sospechas y reacciones

Las declaraciones de Joshua ante los interrogatorios también han despertado suspicacias. En varias ocasiones, el joven se ha negado a responder preguntas clave bajo recomendación de sus abogados, lo que ha reforzado las dudas sobre su posible implicación en la desaparición de Conan Sud Dicha.

El Ministerio Público podría solicitar en las próximas horas medidas de coerción contra Joshua para garantizar su permanencia en el país y su colaboración con la investigación. Mientras tanto, el caso sigue generando expectación y un intenso debate sobre el debido proceso y la protección de los derechos tanto de los investigados como de las víctimas potenciales.