La abogada Laura Acosta, representante legal del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acusó este martes al Ministerio Público de cometer irregularidades en el proceso judicial, calificando el caso como un “fraude procesal”. Durante su intervención, denunció inconsistencias en la presentación de pruebas y discrepancias en los tiempos de entrega y recepción de documentos esenciales para la investigación.
Acosta solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, que declarara inadmisible el expediente, alegando que un peritaje basado en documentos de la Superintendencia de Bancos fue remitido a la Pepca minutos antes de su recepción oficial, sugiriendo una posible manipulación del proceso. También cuestionó la forma en que se depositaron las pruebas, insinuando que el Ministerio Público intentó minimizar el escrutinio público.
La defensora comparó el caso con el expediente Medusa, señalando que este último, con más de 12,000 páginas, fue conocido en solo cinco días, mientras que en el proceso de su defendido hubo un retraso de 21 días en la notificación. Acosta instó al tribunal a ordenar nuevas medidas de instrucción y a llamar a declarar a quienes recibieron y sellaron el expediente, argumentando que su entrega no ocurrió en la fecha señalada por el Ministerio Público. El caso Calamar involucra, además de Castillo, a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de desfalcar al Estado por 21 mil millones de pesos.
