Donald Trump, ha intensificado su confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI) al firmar nuevas órdenes ejecutivas que imponen sanciones financieras y restricciones de visa a individuos y sus familiares que colaboren con investigaciones del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y sus aliados. Esta decisión se produce a pocos días de su asunción, marcando un retorno a su estrategia de confrontación con organismos internacionales.
La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal tribunal internacional encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica. Sin embargo, no todos los países reconocen su jurisdicción, incluyendo China, India, Rusia, Israel, Estados Unidos, Turquía, Qatar y Ucrania.
Las sanciones de Trump surgen como respuesta a la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, en relación con presuntas violaciones del derecho internacional humanitario en el conflicto con Gaza. Cabe destacar que la CPI también ha emitido órdenes contra dirigentes de Hamás por crímenes similares.
El Congreso estadounidense ya había debatido el tema el mes pasado, cuando la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para sancionar a la CPI, aunque fue bloqueado en el Senado por la oposición demócrata.
No es la primera vez que Trump adopta medidas contra la CPI. Durante su primer mandato, impuso restricciones similares en represalia a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. En aquel entonces, el tribunal también investigaba crímenes de guerra cometidos en Irak y en la ex Yugoslavia sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
La reacción de la CPI no se hizo esperar. El alto tribunal condenó enérgicamente las sanciones y reafirmó su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos. En un comunicado oficial, la Corte instó a sus 125 Estados miembros, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a mantenerse unidos en defensa de la independencia judicial y la protección de las víctimas de crímenes atroces en todo el mundo.
“Estas sanciones representan un intento de socavar nuestro trabajo independiente e imparcial. La Corte Penal Internacional respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas en todo el mundo”, declaró la CPI.
Con esta nueva ofensiva, Trump reaviva las tensiones entre Estados Unidos y la CPI, reforzando su política de rechazo a la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y sus aliados. La comunidad internacional ahora observa con atención los efectos que estas sanciones puedan tener en el equilibrio global de la justicia internacional.
