La jueza de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Margarita Cristo, se prepara para conocer este martes la solicitud de imposición de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra tres de los implicados en la llamada “Operación Guepardo”, relacionada con una presunta estafa inmobiliaria.

La audiencia fue aplazada a petición de las defensas de los imputados para tener más tiempo de revisar el expediente. Además, la jueza accedió a una solicitud del Ministerio Público para fusionar los expedientes de las primeras dos personas detenidas con el Yves Alexandre Giroud, un ciudadano canadiense que se entregó la semana pasada y que habría sido parte de la red que estafó a cientos de personas mediante proyectos inmobiliarios publicitados en redes sociales.

El Ministerio Público estima que más de 180 personas fueron afectadas entre 2002 y 2004, siendo estafadas mediante la venta de propiedades a precios por debajo del mercado. Los implicados hasta el momento son Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroud y Loani Lismeri Ortiz Nova, quien fue detenida la semana pasada en Colombia y está en proceso de extradición.

Las autoridades informaron que, dependiendo de si Ortiz acepta la extradición voluntariamente o no, se determinará el tiempo que tomará su traslado al país para responder por las acusaciones.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo. Las víctimas de la estafa se manifestaron en las afueras del Palacio de Justicia de La Romana, junto con familiares de los acusados, quienes también ofrecieron declaraciones.

“Nosotros vinimos aquí a darle soporte a estos ciudadanos que fueron estafados. Aunque el nombre de la compañía sea diferente, el esquema es el mismo”, expresó una de las víctimas presentes. Además, algunos familiares de los imputados aseguraron que no tenían relación con los hechos, argumentando que varios de ellos habían vendido sus acciones hace más de dos años.

El caso ha generado amplia preocupación por las facilidades con las que operan algunas empresas en el país, promocionando proyectos inmobiliarios y estafando a ciudadanos que confían en sus propuestas. La audiencia para conocer las medidas de coerción fue pospuesta para el próximo 25 de febrero, y el Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva. Continuaremos pendientes a nuevos detalles sobre este caso.