Susana Gautreau, destacada figura política, salió en defensa del contrato de arrendamiento minero entre Barrick Gold y el Estado dominicano, asegurando que las acusaciones sobre su desfavorable impacto para el país son infundadas. En una entrevista, Gautreau desmintió los mitos sobre el contrato, especialmente la afirmación de que el acuerdo contiene una cláusula de “973”, que nunca existió ni en el contrato original firmado en 2002 bajo la gestión de Hipólito Mejía.
Explicó que el contrato, al que se le han realizado modificaciones desde su firma, ha generado importantes beneficios para el Estado, con un esquema fiscal que oscila entre el 5% y el 25% de las utilidades netas, y con un 50% de los flujos netos garantizados a partir de 2009. Gautreau destacó las enmiendas que se hicieron en 2010 y 2013 para garantizar ingresos mayores al país, adaptándose a la subida del precio del oro.
En relación con las críticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gautreau consideró un error hacer del tema una confrontación partidaria, argumentando que no todos los que piden transparencia lo hacen por motivos políticos. Aseguró que el reclamo legítimo por mayor claridad sobre los fondos no debe ser distorsionado ni utilizado para agrandar las divisiones entre el poder y la oposición.
Asimismo, criticó la gestión de transparencia en las comunidades donde se lleva a cabo la explotación minera, señalando que no se está dedicando lo suficiente a las áreas afectadas. Expuso que Barrick ha asumido responsabilidades ambientales y sociales, y que el Estado, a través de sus ministerios, tiene un papel fundamental en fiscalizar y garantizar la adecuada distribución de los recursos.
Gautreau también rechazó las acusaciones de daños ambientales vinculados a la explotación minera de Barrick, mencionando que la empresa cumple con estrictos estándares internacionales y nacionales. Señaló que el tema de la minería no debe ser utilizado para fines políticos, sino que se debe centrar en una discusión técnica y objetiva sobre los beneficios y costos de los contratos, y sobre las verdaderas responsabilidades del Estado.
Finalmente, hizo un llamado a la reflexión sobre cómo el Estado ha manejado los recursos provenientes de las actividades mineras, sugiriendo que el gobierno debe rendir cuentas sobre el uso de los ingresos generados por estos acuerdos, especialmente en cuanto a la mejora de las condiciones de las comunidades afectadas.
