Martínez Pozo compartió una reveladora declaración de la magistrada Is Muñiz, presidenta de la sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Según Pozo, esta es la primera vez que escucha una solicitud pública de una jueza de esta índole.
La magistrada Muñiz ha solicitado a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría exhaustiva sobre el uso de la asignación presupuestaria destinada al Consejo del Poder Judicial para el año 2025, que asciende a RD$12,971.8 millones, un aumento del 49.8%. La jueza fundamentó su petición en una serie de inquietudes que considera “altamente preocupantes“, destacando las deplorables condiciones de los tribunales, como el riesgo inminente de colapso de las edificaciones que albergan la Corte Penal Civil, donde diariamente se reciben alrededor de 200 personas.
Muñiz también cuestionó el uso de fondos, señalando que el Poder Judicial adquirió hace diez años un edificio que sigue sin ser utilizado, mientras paga alquileres para tribunales en el Distrito Nacional. Además, denunció la falta de asignación de jueces para vacantes y la ausencia de aumentos salariales para jueces y personal administrativo, lo que agrava aún más las condiciones de trabajo.
El reclamo de la magistrada ha generado un debate sobre la gestión del presupuesto judicial y las posibles irregularidades en el uso de los recursos. Aunque la solicitud se ha centrado en el presupuesto de 2025, se cuestiona la eficacia de una auditoría antes de la ejecución de dicho presupuesto. El llamado de Muñiz es un claro indicio de desconfianza en la administración actual del Poder Judicial, especialmente en relación con la falta de transparencia y la difícil situación de los tribunales.
