Durante el fin de semana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, realizó declaraciones que han generado un amplio debate en la opinión pública. La funcionaria resaltó la importancia del reforzamiento de los programas gubernamentales para la repatriación de indocumentados, así como el aumento de la vigilancia en la frontera. Sin embargo, lo que más impacto ha causado es su postura sobre el control del ruido, la contaminación sónica y la regulación del expendio de alcohol como medidas fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana.
Las declaraciones de Raful han sido objeto de comentarios en distintos medios y redes sociales, donde algunos ciudadanos consideran que estas medidas son necesarias para el orden público, mientras que otros las critican por considerarlas impopulares. La ministra ha mantenido una línea de acción en esta dirección, recordando que en diciembre se opuso a la extensión del horario de operación de centros de diversión y discotecas, postura que finalmente fue revocada por una decisión superior.
Según la ministra, “La única forma de garantizar seguridad, menos delincuencia es controlando el expendio de bebidas alcohólicas”. El debate ha puesto en evidencia la cultura del bullicio y el consumo de alcohol en la sociedad dominicana. Mientras algunos sectores rechazan estas regulaciones por considerarlas restrictivas, otros ciudadanos, especialmente aquellos que han sufrido los efectos del ruido y el desorden en sus comunidades, han expresado su respaldo a la iniciativa.
Raful insiste en que el control del ruido y del consumo de alcohol en horas avanzadas de la noche no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ayudaría a reducir la violencia y la delincuencia. En este sentido, la ministra ha instado a la sociedad a reflexionar sobre la normalización del consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias, tanto en la seguridad como en la convivencia ciudadana.
El tema sigue generando opiniones encontradas, pero lo cierto es que la discusión sobre el impacto del ruido y el consumo de alcohol en la seguridad ciudadana ha cobrado relevancia en la agenda pública del país.
