Washington, EE.UU. – La fiscal general de Estados Unidos ha generado una fuerte polémica tras ordenar al Departamento de Justicia que congele los fondos destinados a las ciudades santuario. La medida afecta directamente a la seguridad pública de varias localidades, incluidas Los Ángeles y Chicago, cuyos gobiernos han expresado su rechazo y han anunciado acciones legales en respuesta.
El Departamento de Justicia indicó que la distribución de estos fondos quedará suspendida hasta que se complete una revisión detallada del uso de los recursos. “Nos da mucha rabia que esto haya ocurrido en el pasado y que las cortes estuvieran de nuestro lado. Esperamos tener una batalla legal”, declaró un portavoz de la ciudad de Chicago, que ya interpuso una demanda contra la decisión, acusando al gobierno de interferir con la aplicación de las leyes migratorias.
Actualmente, se estima que hay aproximadamente 180 ciudades santuario en Estados Unidos, y California es considerado un estado santuario. Legisladores y funcionarios de estas jurisdicciones han advertido que la congelación de los fondos podría poner en peligro la seguridad de los residentes, ya que estos recursos se utilizan para combatir la delincuencia y mejorar la infraestructura de las agencias de seguridad pública.
León, autor de la demanda, señaló que la decisión del Departamento de Justicia es “urgente” y criticó que se haya impuesto una pausa de 60 días en la distribución de fondos sin previo aviso. “Estos fondos son esenciales para reducir los índices alarmantes de delincuencia y tráfico de personas”, sostuvo.
Mientras tanto, la comunidad migrante y grupos de derechos civiles han manifestado su preocupación por el impacto de la medida en la protección de los inmigrantes y el acceso a servicios esenciales. Se espera que en las próximas semanas se intensifique el debate legal en torno a esta controvertida decisión.
