La Fundación Primero Justicia ha presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, solicitando una investigación exhaustiva sobre el uso ilegal de fondos proporcionados por el USAID. Estos recursos habrían sido utilizados, presuntamente, para financiar campañas de desprestigio contra figuras e instituciones del Estado, así como para actividades relacionadas con el tráfico de indocumentados y parturientas haitianas. Además, se investigará la creación de falsos grupos de presión social, cuyo objetivo aparente era influir en la estabilidad política del país mientras desacreditaban a entidades gubernamentales.
Las sospechas indican que los fondos malversados no solo se destinaron a estas prácticas irregulares, sino que también formaron parte de estrategias más amplias para manipular el panorama político y social. La demanda resalta la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos internacionales, especialmente cuando estos tienen como propósito apoyar iniciativas de desarrollo o estabilización. La situación ha generado preocupación pública, exigiendo claridad sobre el destino real de los fondos y las posibles implicaciones legales para quienes resulten involucrados.
