Washington, D.C. — La administración actual del gobierno de Estados Unidos enfrenta una creciente polémica por la reciente ola de despidos de jueces de inmigración, quienes fueron cesados sin justificación aparente. Entre los despedidos se encuentran 13 jueces que estaban a punto de rendir protestas y cinco jueces adjuntos, quienes en conjunto supervisaban un total de más de 3.7 millones de casos en los tribunales de inmigración del país. Este colapso judicial está generando preocupaciones sobre las repercusiones que tendrá en el sistema y en las comunidades migrantes.
El análisis de Jorge, Editor Principal de Inmigración en Univisión
Para conocer más sobre esta situación, nos acompaña Jorge, Editor Principal de Inmigración para Univisión, quien ofrece su análisis sobre la crisis que atraviesa el sistema judicial de inmigración en Estados Unidos. Jorge explica que uno de los despidos más sonados ocurrió el 21 de enero, tras la toma de posesión de nuevas autoridades, cuando fueron despedidos cuatro jefes encargados de la supervisión de los 71 tribunales de inmigración. La razón detrás de estos despidos, según fuentes cercanas, radica en la opinión humanitaria de uno de estos jefes, quien estaba alineado con el Proyecto 2025 y favorecía un enfoque más flexible y compasivo para los casos migratorios.
“Es triste y preocupante”, señala Jorge, quien resalta que estos despidos ocurren en medio de una situación ya complicada, con un récord histórico de casos acumulados que sigue creciendo.
Las repercusiones de los despidos en el sistema judicial
Con más de 3.7 millones de casos pendientes, la situación se vuelve cada vez más insostenible. “Si dividimos esos 3.7 millones de casos entre los 700 jueces activos, cada juez tendría que manejar aproximadamente 5,000 casos, lo que podría tomar alrededor de 7.5 años para evacuar la corte”, explicó Jorge. Esto significa que los inmigrantes detenidos podrían pasar años esperando una resolución, aumentando la presión sobre las instalaciones de detención y generando un enorme retraso en el proceso judicial.
La difícil tarea de reemplazar a los jueces despedidos
La gran pregunta es si la administración de Donald Trump ya tiene candidatos para ocupar los puestos vacantes o si los tribunales de inmigración seguirán siendo insuficientes. Según Jorge, formar a un juez para que trabaje en una corte de inmigración es un proceso largo y complicado, que generalmente toma alrededor de un año. Además, no solo se trata de encontrar a alguien con el currículum adecuado, sino de asegurar que los jueces se alineen con las políticas migratorias del gobierno. La creciente preocupación es que los nuevos jueces puedan actuar como funcionarios de gobierno bajo la política de “tolerancia cero”, lo que podría socavar la imparcialidad judicial.
La posibilidad de demandar a la administración por los despidos
Paula, nuestra conductora, pregunta si los jueces despedidos podrían demandar a la administración Trump por estos despidos sin justificación. Jorge señala que, debido a que los jueces de inmigración no están sindicalizados, y están bajo la autoridad del Secretario de Justicia o Fiscal General, es poco probable que puedan demandar. “Son empleados del gobierno, y su destino depende directamente de las órdenes del gobierno”, concluye.
“Los juicios de deportación se han vuelto un proceso aún más difícil y riesgoso”, agrega Jorge. “La falta de justicia y la presión política sobre los jueces podrían resultar en decisiones más rápidas y menos humanas.”
La situación es cada vez más compleja para los inmigrantes en Estados Unidos, y la falta de personal judicial, sumada a las políticas migratorias estrictas, amenaza con agravar aún más los retrasos y las condiciones de los migrantes detenidos. La comunidad migrante y los defensores de los derechos humanos continúan exigiendo una reforma judicial que garantice justicia y equidad en el sistema migratorio.
