El Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite enviar a menores infractores a cárceles de adultos, una medida que ha generado debate y preocupación. Según lo destacado en varios reportes, los menores estarán separados en “pabellones” específicos dentro de las prisiones hasta que cumplan 18 años, momento en el cual pasarán al “régimen general de adultos”. Esta decisión fue adoptada el miércoles 12 de febrero, como parte de las estrategias del gobierno para enfrentar la delincuencia juvenil en el país.

La nueva legislación refleja un enfoque más estricto hacia el sistema penitenciario y la seguridad pública, aunque ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre los posibles impactos negativos en el desarrollo y rehabilitación de los jóvenes infractores. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño también ha anunciado su disposición a recibir criminales deportados desde Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad, para ser alojados en estas mismas instalaciones penitenciarias.