El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a Jairo Joel González a cinco años de prisión tras hallarlo culpable de estafar a inversionistas a través de un esquema fraudulento relacionado con criptomonedas. Además de la condena de prisión, González deberá pagar una indemnización de 25 millones de pesos a favor de las víctimas de la estafa, así como la devolución de 800,000 pesos a los inversionistas afectados.
La sentencia fue emitida por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, quienes consideraron que las pruebas presentadas por los abogados acusadores César Amadeo Peralta, Danilo Lapex, José Nicomedes Peralta y Francisco Suero fueron suficientes para determinar la culpabilidad de González. El acusado fue encontrado responsable de perpetrar el fraude a través de su participación en la sociedad fantasma Sporus Capital Investment, una empresa que operaba en San Cristóbal bajo el falso pretexto de realizar inversiones en criptomonedas.
Junto a González, fue condenado Gustavo Emilio López de los Santos, quien también fue sentenciado a cinco años de prisión por su implicación en el fraude. Ambos fueron acusados de violar el artículo 408 del Código Penal, relacionado con el delito de estafa.
En el caso, el imputado Natanael Betances permanece prófugo, mientras que Samil Abad de la Rosa, otro de los involucrados, fue extraditado de Colombia y también está acusado de haber participado en la estafa. Los juristas que llevaron el caso aseguraron que los acusados sustrajeron aproximadamente 100 millones de dólares de unos 450 ahorrantes, causando un grave perjuicio económico a los afectados.
La sentencia, que se dictó tras un exhaustivo proceso judicial, ha sido aplaudida por las víctimas del fraude y su abogado, quienes celebran el esfuerzo del sistema judicial por perseguir y castigar los delitos financieros en el país.
Este caso es un recordatorio de la creciente preocupación por las estafas en el ámbito de las criptomonedas y las inversiones en línea, y subraya la necesidad de una regulación más estricta y la educación financiera para evitar que más personas caigan en fraudes similares.
