En República Dominicana, la salud de los estudiantes se ve comprometida por el uso irresponsable de pesticidas cerca de centros educativos. A pesar de las denuncias y las constantes intoxicaciones que afectan a decenas de estudiantes y personal administrativo cada año, las autoridades no han tomado medidas contundentes. El caso más reciente involucra a 25 estudiantes, 10 docentes y 4 miembros del personal administrativo intoxicados por fumigaciones cerca de cuatro centros educativos en la provincia Duarte, solo una semana después de haber iniciado el nuevo año escolar.

Este problema no es nuevo. Desde 2018, ha habido varios casos en los que estudiantes y personal se han visto afectados por la inhalación de sustancias tóxicas. A pesar de las acciones judiciales tomadas por el Ministerio de Educación y las denuncias contra las empresas de fumigación, los protocolos de seguridad siguen siendo incumplidos, y las fumigaciones continúan ocurriendo sin considerar los horarios adecuados ni las normativas de protección a la salud.

El Ministerio de Educación ha reconocido la gravedad del problema, señalando que más de 100 estudiantes han sido afectados en el último año, pero la falta de respuestas efectivas y la apatía de las autoridades mantienen a las familias en constante riesgo. La pregunta es clara: ¿Hasta cuántas muertes estudiantiles se necesitarán para que se ponga fin a esta negligencia?

Es imperativo que se tomen medidas más firmes y se exija a las empresas y propietarios de fincas cumplir con los protocolos establecidos para proteger a los estudiantes y personal de las escuelas. Mientras tanto, la salud de los niños y adolescentes sigue siendo puesta en riesgo, sin una respuesta adecuada de las autoridades competentes.