El caso del doble feminicidio ocurrido en La Vega ha generado indignación y preocupación a nivel nacional. Las víctimas, madre e hija, fueron asesinadas presuntamente por el agente de la Policía Nacional Juan Luis Jiménez Adames, quien permanece prófugo y, según informes, estaría fuertemente armado.

En el programa de televisión conducido por Iván Ruiz, se hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la protección de los familiares de las víctimas y para que el acusado se entregue de manera pacífica. Durante la transmisión, se destacó la importancia de brindar seguridad permanente a los tres hijos de las víctimas, quienes presenciaron el trágico evento, así como a otros familiares que han denunciado recibir amenazas.

El abogado y exagente José Ángel Aurelio cuestionó el sistema que permitió la reincorporación de Jiménez Adames a la Policía Nacional, a pesar de su historial de violencia intrafamiliar. Según Aurelio, “es inaceptable que alguien con antecedentes de este tipo y que incluso estuvo encarcelado haya sido reinsertado en las filas de la institución”.

Por otro lado, el comunicador Hamilton Pacheco reportó desde La Vega que varios familiares del acusado han sido detenidos para fines de investigación. Además, destacó que, aunque hay patrullajes policiales en la zona, los familiares de las víctimas exigen una vigilancia permanente.

El director de comunicaciones de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, intervino en la transmisión para reiterar que las autoridades están haciendo todos los esfuerzos necesarios para capturar al acusado. Pesqueira también afirmó que están en disposición de coordinar la entrega pacífica de Jiménez Adames y garantizar su integridad.

La psicóloga y comunicadora Carmen Herrera subrayó la importancia de proteger a los niños involucrados en este caso y cuestionó los protocolos utilizados para su resguardo, destacando que la exposición mediática y la manera en que se realizan los operativos podrían agravar el trauma que ya enfrentan.

El feminicidio en La Vega no solo evidencia fallas en el sistema de control y seguimiento dentro de la Policía Nacional, sino también la urgente necesidad de implementar políticas más efectivas para prevenir y atender la violencia de género.