El tema salió a la luz nuevamente tras el escándalo en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, donde tres internos sufrieron sobredosis de drogas. Uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos, tras participar en lo que se ha descrito como un “concurso de consumo de drogas”. Esto evidencia, según Salazar, la magnitud del tráfico de estupefacientes dentro del sistema penitenciario.

La corrupción como raíz del problema

Salazar señaló que el incidente no es un hecho aislado, sino el reflejo de una corrupción sistemática que beneficia a actores dentro y fuera de las cárceles, incluidos policías y militares. Recordó casos como el desmantelamiento de un almacén de bebidas alcohólicas en el baño del coronel José Rodríguez Valenzuela, exjefe de seguridad de la cárcel de La Victoria, y una sofisticada instalación de fibra óptica destinada al tráfico de internet en el mismo recinto.

“La cantidad de drogas que ingresa a las cárceles no solo permite que haya consumo, sino que se organicen eventos como este supuesto concurso”, expresó. Salazar cuestionó la efectividad de las medidas actuales, como el traslado de dotaciones policiales, que, según ella, “solo mueven el problema de un lugar a otro”.

En un análisis más amplio, Salazar vinculó la corrupción en las cárceles con la falta de educación y las profundas desigualdades sociales del país. “La República Dominicana sigue siendo el país con uno de los mayores índices de violencia común en América Latina. Esto no cambiará hasta que no abordemos la inequidad desde la raíz”, afirmó.

El llamado a la acción

La comunicadora instó a las autoridades a dejar de tratar los síntomas y enfocarse en las causas estructurales del problema. También hizo un llamado a la ciudadanía para que exija la correcta administración de los recursos públicos, dado que la corrupción impacta directamente en la calidad de vida de todos.

“El dinero del presupuesto es de los dominicanos. Si no lo defendemos, nunca avanzaremos como nación”, concluyó Salazar.La denuncia de Salazar pone de relieve la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario y en las instituciones dominicanas en general, mientras la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío pendiente en el país.