La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte logró que el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impusiera la pena máxima de 30 años de prisión a Ismael Antonio Santana, alias “Gambito”, por el asesinato del ciudadano haitiano Diumetre Metellus en marzo de 2024. El crimen ocurrió en el sector Vietnam de Los Mina, cuando la víctima fue interceptada durante un intento de atraco.
El tribunal, presidido por la magistrada Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal e integrado por los jueces Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, determinó que Santana, junto a otros cómplices identificados como Bernardo Hinojosa, Franklin y Billy, atacaron a Metellus con armas blancas, causándole heridas mortales.
Detalles del Caso
Según el expediente presentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo, el hecho ocurrió el 16 de marzo de 2024, alrededor de las 6:00 de la tarde, en la calle Socorro del barrio Vietnam. Metellus se dirigía a un colmado cuando fue interceptado por los agresores, quienes lo amenazaron y le exigieron entregar su dinero. Al resistirse, fue apuñalado múltiples veces, resultando en una herida fatal en el costado derecho que le causó hemorragia interna y afectó su corazón, según la autopsia No. SD-A-0266-2024 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Tras cometer el crimen, los atacantes robaron el dinero que portaba Metellus y huyeron del lugar. Durante el juicio, los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado presentaron pruebas irrefutables que demostraron la culpabilidad de Santana en los delitos de asociación de malhechores, robo y homicidio voluntario, en violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano.
El tribunal dictó que Santana deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
Compromiso del Ministerio Público
La Fiscalía reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que los crímenes de esta índole no queden impunes y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Este caso representa un ejemplo del esfuerzo conjunto de las autoridades judiciales y policiales para combatir la violencia y el crimen organizado en el país.



