En el día de hoy, se espera que el tribunal conozca la solicitud de medidas de coerción contra ocho de los detenidos por su vinculación con el megacargamento de 9.8 toneladas de cocaína decomisado a principios de diciembre en el puerto multimodal Caucedo. Este es el segundo intento para conocer las medidas luego de que la audiencia fuera pospuesta anteriormente.

Entre los detenidos se encuentra Enriquillo Brito, director del Distrito Municipal de Bayahíbe, quien ha recibido el apoyo de su comunidad, que duda de su implicación en el caso. No obstante, el Ministerio Público ha presentado un expediente con múltiples evidencias que vinculan a los detenidos en el narcotráfico, incluyendo imágenes de los involucrados, como conductores de patanas y empleados del puerto de Caucedo, que también son señalados en la investigación y se encuentran prófugos.

De acuerdo con el Ministerio Público, las drogas fueron introducidas al país mediante lanchas provenientes de Colombia, que llegaron por Pedernales, Bayahíbe y La Romana, un proceso que involucró varias semanas. Además, se detalló que el cargamento permaneció durante seis horas en un almacén en la carretera Mella en Santo Domingo Este antes de ser trasladado a Caucedo. La patana que transportaba la droga fue permitida a entrar sin revisión por parte de los guardias de turno, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en el puerto.

La solicitud de medidas de coerción también menciona las incautaciones realizadas al director de la junta distrital, Enriquillo Brito, quien, además de ser señalado por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas, ha sido acusado de manejar grandes cantidades de dinero en efectivo, armas y joyas, que fueron halladas durante los allanamientos en su residencia. Este hecho ha levantado preocupaciones sobre la forma en que ciertas personas involucradas en la política se benefician de actividades ilícitas sin un control adecuado por parte de las autoridades.

El caso ha revelado una compleja red de complicidades, que podría involucrar a personal de seguridad, policías, militares y agentes aduanales, dada la sofisticación del operativo necesario para llevar a cabo el tráfico de un cargamento de tal magnitud. Sin embargo, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta, especialmente en relación con la identidad de los responsables principales de esta operación.

Mientras tanto, la comunidad política y la ciudadanía siguen observando con atención cómo se desarrollan las investigaciones. La implicación de un funcionario político de tal rango como Enriquillo Brito, que ha sido parte de varios partidos políticos a lo largo de los años, plantea dudas sobre los mecanismos de selección y control de los líderes políticos, y si las autoridades están haciendo lo suficiente para evitar que figuras con antecedentes dudosos lleguen a ocupar cargos públicos de importancia.

Este caso no solo pone en evidencia la creciente preocupación sobre el narcotráfico en el país, sino también la necesidad de mayor transparencia en los procesos políticos y una revisión más exhaustiva del perfil de quienes llegan a la política. Mientras tanto, la población espera que las autoridades sigan profundizando en la investigación para descubrir a los responsables de este narcotraficante operativo a gran escala y llevarlos ante la justicia.