El nuevo operativo migratorio impulsado por el presidente Trump ha dado inicio de manera contundente, con 766 arrestos realizados en un lapso de poco más de 24 horas. Este esfuerzo se enmarca dentro de la promesa de campaña del presidente, quien al asumir el poder declaró una emergencia nacional en la frontera.

En un anuncio reciente, el secretario de Seguridad Nacional, Tom Homan, confirmó que el gobierno ha comenzado el despliegue de aproximadamente 100 soldados adicionales en la frontera. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad y gestione la inmigración.

Además, la administración ha decidido expandir la lista de individuos que pueden ser deportados de inmediato. Ahora, incluye a personas que no solicitaron asilo o no cumplieron con los requisitos necesarios durante su primera entrevista con los funcionarios de migración. Esta medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y organizaciones que apoyan a los inmigrantes.

Por otra parte, el gobierno ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue y persiga a funcionarios locales y estatales que no colaboren con las políticas migratorias del nuevo gobierno. Esta acción ha sido calificada de sin precedentes y ha suscitado un debate sobre la cooperación entre autoridades federales y locales.

Frente a este operativo, algunas comunidades han manifestado su resistencia. Iglesias y distritos escolares han declarado que no permitirán el acceso a agentes de migración sin una orden judicial válida, lo que ha elevado tensiones en varias áreas.

Este inicio del operativo subraya un enfoque más agresivo hacia la inmigración ilegal y promete seguir siendo un tema central en la política nacional. Se espera que las reacciones de comunidades y organizaciones continúen desarrollándose en los próximos días.