En un desarrollo reciente del caso que involucra a Luis Bolívar Rodríguez, odontólogo acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años, el conocimiento de la medida de coerción ha sido aplazado hasta el próximo lunes. La decisión fue tomada en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde también se encontraba la madre de la menor, Jennifer Altagracia Lovera Ortiz.
Durante la audiencia, el abogado del Dr. Rodríguez, el licenciado Huácar Fernández, solicitó más tiempo para revisar los detalles del caso, indicando que aún no había podido comunicarse con su cliente para discutir a fondo las acusaciones. “La gravedad del hecho es algo que aún no hemos podido evaluar adecuadamente, por lo que requerimos un tiempo adicional”, comentó Fernández.
En este sentido, la magistrada titular del caso, Rodríguez, programó la continuación de la audiencia para el próximo lunes, destacando la seriedad de las acusaciones que vinculan tanto al odontólogo como a la madre de la menor. Se han presentado evidencias que sugieren la participación de ambos en actos de vulneración psicológica y sexual hacia la niña.
El Ministerio Público ha hecho un llamado de alerta sobre el aumento de casos de agresiones a menores en diferentes ámbitos, enfatizando la importancia de establecer mejores dinámicas de control para garantizar la protección de los derechos de los niños. “Estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, así como con CONANI y la Unidad de Violencia Intrafamiliar para asegurar la integridad de la menor mientras se lleva a cabo este proceso”, expresó un representante del Ministerio Público durante la audiencia.
El abogado Fernández indicó que se solicitará prisión preventiva para ambos acusados, citando la gravedad de los hechos como base para la demanda y la necesidad de proteger a la menor de posibles represalias.
Por otro lado, se hizo un llamado a todas las víctimas de agresiones a denunciar estos delitos, resaltando que la denuncia es clave para la actuación del sistema judicial y la protección de otras posibles víctimas. “Es fundamental que cualquier menor o mujer que esté viviendo situaciones similares se acerque a la fiscalía y denuncie”, concluyó el representante del Ministerio Público.
Mientras tanto, el Dr. Rodríguez se ha rehusado a hacer declaraciones a la prensa sobre las acusaciones en su contra, dejando el futuro del caso en manos del tribunal. La comunidad y los medios continuarán atentos al desarrollo de este caso sensible que ha conmocionado a San Francisco de Macorís.



